20 millones de clientes de móviles prepago deben identificarse o perderán su número

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso (izquierda), y el titular

de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el pleno del Congreso.(EFE)

Aprobada la ley que obliga a las compañías a guardar los datos para investigaciones criminales.

Las compañías de telefonía móvil tienen dos años, a partir de ahora, para localizar a más de 20 millones de clientes que utilizan tarjetas prepago -sin contrato y, por tanto, anónimos- y exigirles sus datos para incluirlos en un registro. Transcurrido ese plazo, las compañías estarán obligadas a desactivar las tarjetas. Así lo establece la Ley de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas, que ayer aprobó definitivamente el Congreso -por unanimidad- y que obliga a las compañías a guardar los datos de usuarios y llamadas (salvo su contenido) y cederlos en investigaciones criminales.

La ley, pensada para perseguir delitos de terrorismo o crimen organizado, obliga a las operadoras de telefonía fija, móvil y por Internet a guardar durante un máximo de dos años los datos de los usuarios -nombre, dirección y número de teléfono de ambos interlocutores, y hora y duración de las llamadas, pero no su contenido- y cedérselos a los cuerpos de seguridad si así lo autoriza un juez. En la actualidad, las compañías ya conservaban algunos datos durante dos o tres meses (por motivos comerciales), pero no estaban obligadas a ello.

La investigación de los atentados del 11-M sacó a la luz la importancia de esta vía de investigación: las bombas fueron activadas con móviles, y el rastreo de éstos ayudó a localizar a varios de los sospechosos. Tras aquellos atentados en Madrid y los de Londres, de julio de 2005, la Unión Europea dictó una directiva que el Parlamento español desarrolla ahora en esta ley.

Almacenar los datos de los clientes que tienen teléfono fijo o un móvil con contrato es sencillo, porque ya obran en poder de las operadoras. Pero quienes utilizan móviles con tarjeta prepago son anónimos. Por eso, la ley incluye una disposición adicional que da instrucciones precisas a las compañías sobre qué hacer en este caso: deberán llevar un "libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran una tarjeta [prepago]: nombre, apellidos, nacionalidad y DNI o pasaporte del comprador".

A los 20,4 millones de clientes que ya poseen un móvil sin contrato, las compañías van a tener que localizarlos -con campañas de publicidad o como se les ocurra, porque eso la ley no lo precisa- y pedirles los datos. "Transcurrido el plazo de dos años, los operadores vendrán obligados a anular o desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripción". Eso sí, las compañías tienen seis meses desde ahora para adecuar sus equipos y preparar los mecanismos de registro.

La ley pretende "proteger la seguridad pública" pero "buscando el imprescindible equilibrio con el respeto a los derechos individuales" como el de la intimidad y la privacidad. Para lograr eso hay tres garantías: que los datos sólo se cederán con una autorización judicial previa, que únicamente se utilizarán en la investigación de delitos "graves" -no especifica cuáles son- y que en ningún caso se almacenarán ni, por tanto, cederán los datos referentes al "contenido" de las comunicaciones.

Es decir, la policía -si el juez lo autoriza- podrá saber el nombre y dirección de dos personas que hayan entablado una conversación -por teléfono fijo, móvil en llamada o mensaje, correo electrónico o telefonía por Internet-, a qué hora hablaron, desde dónde y durante cuánto tiempo. Pero no qué se dijeron. Salvo que obtenga un permiso judicial que autorice expresamente el pinchazo de la línea, aunque esa posibilidad ya existe ahora y sólo se concede cuando hay indicios claros de delito.

"Esta ley es un instrumento de lucha contra el crimen y creemos que los derechos individuales quedan plenamente garantizados", afirmó el diputado socialista Sebastián Fuentes, que agradeció el apoyo final de todos los grupos al texto del Gobierno (parcialmente enmendado en el Parlamento). Todos eran conscientes de que la directiva europea había que convertirla en ley antes o después, y ninguno consideró que el resultado final vulnere el derecho a la intimidad de los consumidores.

Isaura Navarro, de IU-ICV, recordó que su grupo estará vigilante porque "la lucha contra el terrorismo no puede implicar un recorte de libertades"; Margarita Uria (PNV) habló de un texto "equilibrado en el binomio seguridad-libertad"; y Georgina Oliva, de ERC, planteó la cuestión de base: "¿Qué está dispuesta a aceptar la ciudadanía en beneficio de la seguridad?". "Compartimos el objetivo: contribuir a la investigación policial. Pero insistimos en lo mismo que el primer día: hay que garantizar el secreto de las comunicaciones", terminó el portavoz de CiU, Jordi Jané.

El PP, que se abstuvo en la primera votación de la ley hace tres meses, ha votado finalmente a favor por considerar que las enmiendas introducidas mejoran el texto y que éste ayudará a "combatir la impunidad en la Red", según dijo el diputado José Ignacio Echániz. Su única crítica fue que la ley es aún insuficiente, porque deja fuera del control los chats y foros de Internet, las vías "más usadas por las redes de pederastas". "Se ha perdido una gran oportunidad. Esta ley es positiva, pero podría haberlo sido más", concluyó Echániz.

VERA GUTIÉRREZ CALVO

MadridEL PAÍS - España - 05-10-2007