Pataleta infantil

EN EL TRIBUNAL DE LOS AFORADOS. Esperanza Aguirre, su vicepresidente, Ignacio González (izquierda) y su consejero de Interior, Francisco Granados, coincidieron ayer durante la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira. Este tribunal asumirá parte de la investigación de la trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón si finalmente él se inhibe por haber imputados aforados. Nadie ha puesto en cuestión la honradez del PP. Se está investigando si pueden haber sido constitutivas de delito las conductas de unas personas, algunas de las cuales son militantes del PP e incluso cargos públicos por dicha formación política y otras ni siquiera militantes, aunque hayan mantenido relaciones con los órganos de dirección nacional y de comunidades autónomas del partido así como con ayuntamientos y Gobiernos de comunidades autónomas dirigidos por el PP. Nadie ha dado el salto de considerar responsable al PP de las conductas de estos ciudadanos, sino que es a ellos, y únicamente a ellos, a los que se hace responsable de sus actos.

La foto de la dirección del PP arropando a su presidente en un discurso absurdo era patética.

Es cierto que la imagen de un partido político, del PP en este caso como la del PSOE y la de los demás en otros, sufre cuando se conocen este tipo de conductas y, sobre todo, cuando se produce una investigación judicial de las mismas. Ahora le está tocando al PP, como en otros momentos le ha tocado a otros partidos. No es discernible en la actuación de la justicia desde la entrada en vigor de la Constitución una tendencia al activismo en los casos de corrupción en los que pueden verse afectados militantes y simpatizantes de la derecha frente a una tendencia a la pasividad cuando los afectados pertenecen o están en el entorno de la izquierda. Más bien, se podría decir lo contrario. El único alcalde de capital de provincia que ha sido condenado por el delito de prevaricación desde la entrada en vigor de la Constitución ha sido Herminio Trigo, alcalde de Córdoba por IU, por el nombramiento del gerente de un teatro municipal. ¿De verdad cree alguien que un alcalde de capital de provincia del PP hubiera sido condenado por prevaricación por el mismo motivo? ¿Se habría llegado siquiera a celebrar el juicio? Si hay una investigación en marcha, es porque hay indicios de que se han cometido delitos y no porque exista ningún tipo de conspiración contra el PP.

Posiblemente, si el PP cuando empezó a ocupar posiciones de poder -primero en ayuntamientos y comunidades autónomas y después en el Estado- hubiera aplicado el código ético que aprobó cuando estaba en la oposición y hubiera exigido la dimisión de cualquier cargo público en el momento en que existiera un auto de imputación contra él, no se encontraría en la situación en que ahora se encuentra. La imagen de un Carlos Fabra, visible en el núcleo duro del PP de la Comunidad Valenciana, a pesar de los indicios que existen de una prolongada y múltiple actividad delictiva, es lo que dificulta que la dirección nacional del PP pueda reaccionar de manera coherente a los asuntos de corrupción que se producen en su seno. ¿Por qué a unos imputados no se les exige la dimisión y a otros sí? El PP de Andalucía se encuentra en este momento en un aprieto, tras haber forzado la dirección del PP en Madrid la dimisión del alcalde de Boadilla, porque el alcalde de Alhaurín el Grande está imputado y en libertad bajo fianza nada menos que de 100.000 euros y, sin embargo, Javier Arenas le mantiene su apoyo, hasta el punto de que dicho alcalde se ha permitido fletar autobuses para que ciudadanos del municipio acudan con pancartas a un pleno de la Diputación Provincial de Málaga en el que se iba a debatir una moción presentada por PSOE e IU, en la que se pedía su dimisión. ¿Por qué en Boadilla sí y en Alhaurín no?.

La dirección del PP tiene un problema muy serio. No puede hacer como los malos alumnos que justifican las malas calificaciones en que el profesor les tiene manía. Echar balones fuera no conduce a ningún sitio. Cuando se tuvo conocimiento del espionaje en la Comunidad de Madrid, la primera línea de defensa de la dirección del PP fue la amenaza de interposición de querellas contra EL PAÍS. Después se ha tenido que constituir una comisión de investigación, aun con todas las limitaciones que se le pretenden imponer.

Cuando en el interior de un partido estalla un asunto de corrupción, no hay más alternativa que coger el toro por los cuernos, porque cualquier otra es suicida. La foto de toda la dirección del PP arropando a su presidente en un discurso absurdo era patética. Una reacción de ese tipo es una forma de confirmar la veracidad de las imputaciones que se están haciendo en la investigación judicial, porque de lo contrario, no tendría sentido. Si la casa está tan limpia, ¿a qué se le tiene miedo? ¿Cómo se puede exigir la destitución de un ministro y la abstención de un juez por la simple coincidencia en una cacería? ¿Qué cabe esperar de una comparecencia del fiscal general en el Congreso de los Diputados? ¿Qué tiene que ver el pacto por la justicia con la investigación de la corrupción o es que se quiere decir que solamente hay pacto si no se investiga la corrupción?.

JAVIER PÉREZ ROYO 14/02/2009

EL PAÍS