Más que trajes

El juez de Gürtel en Madrid vincula los regalos a Camps con más delitos que el cohecho impropio.

Era cuestión de tiempo que la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los contratos amañados entre la Administración valenciana y la trama Gürtel entre 2004 y 2009 alcanzara a altos cargos de la Generalitat y que tuviera que pasar al Tribunal Superior de esa comunidad en razón del aforamiento de varios implicados.

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La ley dice que el instructor de una causa se inhibirá desde el momento en que aparezcan indicios contra un aforado, pero en la inhibición del instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, a favor de su colega valenciano, José Flors, había también una razón de urgencia: la inminente prescripción del delito electoral presuntamente cometido al asumir varias constructoras valencianas el pago de actos facturados por la trama Gürtel al PP valenciano, con motivo de las elecciones autonómicas y locales de 2007.

El archivo, primero, de la causa de los trajes y, después, su reapertura por el Tribunal Supremo van a tener un efecto beneficioso para la justicia, al haberse podido descubrir nuevos datos sobre el verdadero significado de esos regalos, no tan inocentes y penalmente inocuos como se había pretendido. Para el juez Pedreira, apuntan a delitos más graves que el de cohecho impropio: su investigación sitúa a los trajes en el eje de las contrataciones entre la Generalitat valenciana y la trama Gürtel, incluida la cobertura televisiva de la visita del Papa en 2006, y en su estela de mutuos favores. Serían, si se quiere, la guinda del pastel de las contrataciones amañadas, con mutuo beneficio, entre la Administración valenciana y la trama Gürtel, pero un elemento propio y no desgajado de ese pastel.

El primer efecto que tendrá la inhibición del juez Pedreira es un cambio profundo de la causa de los trajes. La tipificación delictiva se agravará si, como sostiene, tales regalos tienen conexión con actuaciones propias del cohecho propio y de la prevaricación, y encubridoras de delitos electorales, contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. La causa se amplía a nuevos implicados: junto a Camps, Betoret, Campos y Costa aparecen otros altos cargos del Gobierno y del PP valencianos. Y alcanza al hasta hace poco tesorero del PP, Luis Bárcenas, que lo era cuando en 2007 algunas constructoras pagaron las deudas electorales del PP valenciano, así como a los gestores de estas constructoras y a los cerebros de la trama Gürtel.

Al instructor del caso en Valencia le espera un arduo trabajo. Y presiones más o menos encubiertas dada la relevancia política y social de los implicados. Al primer instructor del asunto, Baltasar Garzón, el PP intentó descabalgarle cuanto antes del sumario. Y al juez Pedreira no ha dejado de ponerle piedras en su investigación utilizando la acusación popular no para perseguir a los corruptos sino para procurar su impunidad.

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Editorial de EL PAÍS, 27/05/2010