La nueva ley busca la máxima información y asesoramiento para la decisión de la mujer

Les ha faltado tiempo a quienes se oponen a la despenalización del aborto por motivos ideológicos o religiosos, así como al PP, que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, para lanzar sus dardos contra el proyecto de reforma de la ley que lo regula aprobado el jueves por el Gobierno. Y, sin embargo, todo su articulado tiende a crear las condiciones legales y sanitarias para que la siempre traumática decisión de abortar se haga con la máxima responsabilidad, disponiendo la mujer de información y asesoramiento suficientes para seguir adelante o para reconsiderar su decisión y volverse atrás.

Es difícil reconocer al Estado legitimidad para resolver el problema desde la legalidad si el aborto se contempla sólo como una cuestión de ideología o creencia, y no como un problema de libertad personal, que incide en la salud de la mujer y tiene una honda repercusión social. Es la posición de la Iglesia y de los llamados grupos provida. Su actitud es admisible como pauta de conducta propia, pero rechazable si pretende imponerse al resto de la sociedad e incluso al propio Estado.

El PP insiste en que no hay demanda social para una ley como la aprobada ayer. Pero es el mismo partido que, a raíz del escándalo de las clínicas del doctor Morín, en Barcelona, y del acoso judicial por parte de grupos provida a algunas clínicas que realizan abortos en Madrid, mantuvo la tesis de que la actual ley, vigente desde el año 1985, es un coladero. Si lo es, será porque es demasiado estrecha para recoger la realidad social; luego era necesaria una nueva regulación que diera salida a la demanda social del modo jurídicamente más seguro para la mujer y los médicos.

Más fundada es la crítica del PP al insuficiente consenso. Pero es una singularidad de la España democrática que las leyes modernizadoras en materia de moral y costumbres sean iniciativa de la izquierda y que la derecha política se oponga por principio, aunque luego termine por aceptarlas. El proyecto está en línea con las leyes vigentes en 20 países de la UE con Gobiernos de diverso signo.

Combina la nueva propuesta el aborto libre hasta las primeras 14 semanas de embarazo con el sistema de indicaciones por riesgo para la vida de la madre y por anomalías fetales hasta la semana 22ª, e incluso después en determinados supuestos, con la aprobación de un comité médico. Hay aspectos que deberán precisarse más. Que las menores de 16 y 17 años decidan (tengan la última palabra) sobre su embarazo no es incompatible con que se propicie la colaboración de los padres y el apoyo familiar.

A diferencia de la ley vigente, despenalizadora, la nueva aborda el problema del aborto en su integridad: no tanto en el marco del Código Penal como en el preventivo de una Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y reconoce por fin que es la mujer, y nadie más, quien debe decidir sobre algo tan íntimo como su embarazo. Sin tutelaje de terceros, pero con toda la ayuda y asistencia necesarias.

Editorial EL PAÍS, 16/05/2009