Imputado es imputado

Camps es citado a declarar mientras el PP intenta minusvalorar la decisión del tribunal.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha citado como imputado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a su segundo en el Partido Popular de aquella comunidad, Ricardo Costa, en relación con la investigación abierta por cohecho en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. La decisión del tribunal demuestra que la instrucción del juez Baltasar Garzón sobre la presunta implicación de la Generalitat no podía ser despachada con la ligereza empleada desde el principio por la dirección nacional del PP. Y por más que ahora sus portavoces traten de hacer contorsiones de rábula para minusvalorar la decisión del tribunal, imputado es imputado.

Desde que su nombre apareció en el sumario del caso Gürtel, Camps ha venido repitiendo que deseaba comparecer ante la justicia para defender su inocencia a la vez que sus abogados intentaron forzar, sin ningún éxito, la nulidad de la causa. Ahora tiene ocasión de demostrar que no se trataba de ganar tiempo. Su condición de aforado, al igual que la de Costa, hizo que la causa pasara de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia valenciano. Resultaría inaceptable que, tras ser llamado a declarar, se parapetase detrás de las inmunidades de su cargo para no colaborar con la justicia.

Citado como testigo, Camps habría estado obligado a decir la verdad, lo mismo que Costa. Las garantías que la ley concede a los imputados eximen a ambos de esta exigencia. Pero no de sus responsabilidades institucionales.

Tras la declaración prevista para el próximo día 19 de mayo, el tribunal decidirá si mantiene la imputación o si la levanta. Esto último sólo significaría que la investigación sigue su curso, no que la justicia se haya pronunciado sobre la culpabilidad o la inocencia de Camps y Costa.

Ambos deberán ofrecer a la justicia lo que hasta ahora han negado a los ciudadanos: una pormenorizada explicación sobre sus estrechas relaciones con personas implicadas en la trama, como Álvaro Pérez, directivo de una de las empresas con el que Camps mantenía una estrecha amistad. También deberán dar explicaciones sobre los contratos que el Gobierno valenciano ha adjudicado sin concurso a varias sociedades de Correa y, por último, los regalos que han recibido. Entre otras razones, porque es precisamente la gravedad de esos indicios, sustentados en facturas y declaraciones de testigos, lo que ha llevado al tribunal a citarlos a declarar como imputados y no como simples testigos.

El PP está siguiendo una estrategia diferente en Madrid y Valencia para contrarrestar los efectos del caso Gürtel. Mientras que en uno ha suspendido de militancia a los imputados, en el otro les mantiene el apoyo. La paradoja reside en que, si en Madrid se trata de diputados, en Valencia la justicia ha puesto en cuestión a la máxima autoridad autonómica.

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Editorial EL PAÍS, 15/05/2009