El espejismo de Aguirre

La presidenta cree que manipular la comisión sobre el espionaje equivale a convencer.

La comisión que investiga en la Asamblea de Madrid la trama de espionaje a altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento se inició el pasado miércoles con casi un mes de retraso. El Partido Popular esperó hasta el último momento para presentar la lista de comparecientes, intentando evitar que este escándalo influyera en las elecciones de Galicia y el País Vasco, y, de paso, reducir a 12 las jornadas durante las que los parlamentarios podrán desarrollar su labor.

No es la única estratagema del Gobierno de Esperanza Aguirre para convertir la investigación parlamentaria en un apresurado trámite con el que intentar sacudirse cualquier responsabilidad. Junto a la reducción del tiempo de trabajo de la comisión, el veto impuesto a la mitad de los documentos solicitados por la oposición y el rechazo a 18 comparecencias, el Grupo Popular en la Asamblea impuso unas arbitrarias reglas de funcionamiento, como la de impedir que los parlamentarios repregunten a los comparecientes.

La primera sesión mostró que, pese a todo, el Gobierno de Aguirre podría ser víctima del espejismo de creer que manipular la comisión es lo mismo que convencer a la opinión pública de su voluntad de esclarecer los hechos. La parte del PP madrileño que ha sido víctima de los seguimientos ha rechazado colaborar, como dejó patente en su comparecencia el ex consejero Pedro Calvo, hoy concejal en el Ayuntamiento de Madrid bajo las órdenes de Ruiz-Gallardón. Calvo recordó la inutilidad de su presencia en la comisión, al igual que las de otros ex consejeros de anteriores Gobiernos autónomos de distinto signo, puesto que lo que se debería investigar en la Asamblea no son las estructuras administrativas de la Comunidad, sino el uso que ha realizado el actual Ejecutivo.

Por más que su curso haya sido demasiado lento hasta ahora, la justicia también está intentando esclarecer la trama de espionaje y Esperanza Aguirre corre el riesgo de cerrar la vía política en falso. Al apostar por una comisión cuyas múltiples cortapisas afectan de manera directa a la credibilidad de los objetivos que la presidenta asegura perseguir, Aguirre queda a merced de los avances que puedan producirse en los tribunales. Mucho más cuando no ha dudado en ofrecer un completo respaldo a alguno de los altos cargos envueltos en la trama.

Y aún le quedaría un último obstáculo que superar para que la encorsetada comisión establecida en la Asamblea de Madrid cumpla el papel preasignado de exonerar a su Gobierno: la dirección nacional del PP suspendió, no cerró, la investigación interna sobre el caso. Si Aguirre pretende convertir este procedimiento parlamentario en una pantomima con la que cubrir las apariencias, no sólo ella habrá incurrido en graves responsabilidades políticas. También Rajoy y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, se acabarían viendo afectados por las maniobras de la presidenta de Madrid.

Si te ha interesado esta información, te recomendamos:
· Tema: Espionaje político en la Comunidad de Madrid

Editorial EL PAÍS, 08/03/2009