Sin Garzón, pero sigue

El problema moral que plantean las fosas requiere una respuesta del Estado democrático.

Si el asunto de las fosas comunes con restos todavía sin identificar de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se ha enredado jurídicamente y convertido en apasionado debate actual se debe a la pasividad del Estado en resolverlo. De haberse producido a tiempo la respuesta adecuada en un Estado de derecho, poniendo en marcha los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios, el asunto no habría llegado a la Audiencia Nacional ni a las manos del juez Garzón, que es lo que más parece haber preocupado a algunos.

Baltasar Garzón Real
Nacimiento: 26-10-1955
Lugar: Torres
La Recuperación de la Memoria Histórica

Ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional negó casi por unanimidad que el tema fuera de su jurisdicción y rechazó, por tanto, la competencia de Garzón para abrir ningún proceso penal al franquismo en relación con las fosas comunes donde yacen restos de víctimas sin identificar esparcidas por toda España. La decisión tiene escasos efectos prácticos. Garzón ya se desentendió del caso al inhibirse a favor de los respectivos juzgados donde se encuentran las fosas, una vez certificada judicialmente la muerte de los presuntos culpables. Pero tiene un incontestable valor jurídico: niega que la rebelión militar contra la República constituyera un delito contra la forma de Gobierno, inexistente en el actual Código Penal, lo que priva al juez del argumento principal para hacerse con el caso e investigar el delito de detención ilegal con desaparición forzosa que, a su juicio, constituyó la ejecución de las miles de víctimas que yacen en las fosas.

El caso queda fuera de la Audiencia Nacional pero sigue vivo. Más allá de su endeblez jurídica, la iniciativa de Garzón ha tenido el mérito de atender a los deudos de las víctimas y de situar en primera línea el problema moral que le plantea a la actual sociedad española tener todavía restos de miles de compatriotas asesinados en la Guerra Civil y en la dictadura enterrados sin identificar en los campos de España. La decisión judicial no paraliza las tareas de identificación y exhumación que puedan corresponder a los juzgados territoriales y que es de esperar que la fiscalía apoye con igual empeño que el desplegado contra la iniciativa de Garzón. Abrir esas fosas, identificar sus restos y entregarlos a sus familias para ser enterrados en lugar civil o sagrado, no es, como dicen algunos con una increíble falta de piedad, reabrir viejas heridas, sino cumplir un deber pendiente.

EL PAÍS, 29.11.2008