Rajoy protege a Camps y suelta lastre con los demás implicados en la trama

Todos, menos el líder valenciano y su mano derecha, piden la suspensión de militancia.

El PP dejó ayer muy claro que está dispuesto a soltar todo el lastre necesario con tal de proteger al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los barones más poderosos del partido y el gran apoyo, junto a Javier Arenas y Alberto Núñez Feijóo, con el que contó Mariano Rajoy para ganar el congreso de Valencia hace menos de un año. En una decisión sin precedentes, el partido forzó la suspensión temporal de militancia -presentada como voluntaria- de todos los imputados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, y los dos que eran alcaldes dimitieron fulminantemente.

· Un juez muy amigo

La llegada de la red corrupta a Valencia coincide con el ascenso de Camps.

Entre los ediles dimitidos está el de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, un personaje clave en el PP por su amistad personal con José María Aznar. Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, vicesecretaria de Organización y reconocida aznarista, forma parte del corazón del partido y también participó en el montaje de actos de los populares antes de llegar a alcalde, en los años 90. El asunto afecta de lleno al PP de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre, que ya ha visto caer a cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda y Pozuelo de Alarcón) y tiene a seis miembros de su dirección regional implicados.

Hasta los tres diputados autonómicos madrileños que aún no han sido imputados, porque son aforados, ofrecieron esa suspensión de militancia, aunque la dirección del PP de Madrid no se la ha aceptado a la espera de que sean oficialmente imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, de los 15 dirigentes del PP implicados en la red, todos han puesto su carné a disposición del partido menos dos: Francisco Camps y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.

Rajoy no ha dicho aún ni palabra del caso, pero en su nombre habló ayer María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, que dejó muy claras las evidentes diferencias que la dirección establece entre Camps y el resto de los implicados. Cospedal atacó al juez, insistió en la idea de que no hay financiación ilegal del PP y, sobre todo, defendió a Camps por encima de todos los demás implicados. "Queremos reiterar el apoyo de la dirección del PP a Camps. Se han producido gravísimas acusaciones con el fin de menoscabar su imagen", aseguró Cospedal. Cuando se le preguntó si aceptar que un empresario regale trajes a un presidente autonómico no es violar el código ético del PP, la secretaria general volvió a defender al barón valenciano. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana decidirá". Para Cospedal, las facturas y las declaraciones del sastre no son prueba suficiente. Los populares confían en que el tribunal autonómico, presidido por un magistrado nombrado cuando el PP controlaba el Poder Judicial y al que Camps considera mucho más que amigo, será magnánimo.

En el PP preocupa especialmente la acusación de financiación ilegal del partido. Cospedal insistió una y otra vez en que no hay nada que lleve a esa idea, y recordó que, al menos de momento, el juez no ha implicado a Luis Bárcenas, tesorero del PP. Pero la secretaria general fue más lejos y aseguró que tampoco hay financiación ilegal en el PP de Valencia. Garzón sí aprecia indicios de supuesta financiación ilegal por un pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 y porque se abonaron con dinero negro parte de los gastos del congreso regional de septiembre de 2002.

Fuentes de la dirección nacional y de la Comunidad Valenciana relacionaron este asunto con Eduardo Zaplana, presidente del PP en esa época. Sin embargo, el escándalo, también aquí, apunta a Camps. En julio de 2002, Zaplana dejó Valencia porque José María Aznar lo nombró ministro. Y Camps fue nombrado secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y candidato para las elecciones de 2003 (Zaplana se quedó de presidente del partido hasta 2004).

Como secretario general, el presidente de Valencia fue el encargado de organizar el congreso regional de septiembre y de firmar todas las facturas. Y fue él quien decidió encargar el trabajo al entramado de Francisco Correa a través de Álvaro Pérez, amigo personal de Camps. Las empresas de Correa habían trabajado en actos del PP valenciano desde mediados de los noventa. En 2003, el actual líder valenciano logró la presidencia de la Generalitat y empezó a ganar peso en el partido, desplazando poco a poco a Zaplana hasta que lo echó en 2004. Entonces, Álvaro Pérez, que residía en Madrid, instaló su vivienda y su empresa, Orange Market, en Valencia. Desde entonces, esta empresa de la trama, que se constituyó formalmente en julio de 2003, empezó a trabajar casi en exclusiva para el PP valenciano tras la pérdida de las elecciones generales de 2004. Pérez, que conservó hasta el último día la amistad con Camps -el presidente había acudido a sus segundas nupcias y estaba invitado al bautizo de su hija- obtenía múltiples adjudicaciones públicas, como el stand de la Generalitat en Fitur.

Un juez muy amigo
- Elogios a un magistrado: "Tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta [a la de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", dijo Camps en 2007 al hablar del presidente del Tribunal Superior de Valencia, órgano que deberá decidir si resulta imputado por corrupción.
- La fuerza de un implicado: "Estoy más fuerte, más ilusionado y más convencido que nunca de mi trabajo, lealtad y servicio a los ciudadanos. Continuaré con toda la fuerza del mundo, convencido de que la Justicia hará justicia. Con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas instancias", declaró ayer Camps.

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CARLOS E. CUÉ - Madrid - 07/03/2009

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