Intimidación

El ataque del PP contra Garzón es un aviso para navegantes ante futuras acciones judiciales.

Las dudas sobre la retribución percibida por Baltasar Garzón durante su estancia docente de 15 meses en la Universidad de Nueva York hace cuatro años han servido de munición al Partido Popular y a su coro mediático para redoblar la ofensiva intimidatoria desencadenada contra el juez a raíz de su investigación sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y que implica a cargos directivos e institucionales del partido.

Si Garzón informó o no adecuadamente sobre las condiciones de su licencia docente en Nueva York y si su retribución por este concepto es o no compatible con la percepción de su sueldo como juez es algo que tendrá que aclarar el Consejo del Poder Judicial. Pero incluso si tuviera algún tipo de consecuencia jurídica o económica para el juez, la decisión no empañaría su actuación jurisdiccional, ni arrojaría sombra alguna sobre la investigación de la trama de corrupción urdida en la época de Aznar y que, a partir de 2004, encontró cobijo en las administraciones autonómicas de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Consejo aclarará todo lo concerniente a la estancia de Garzón en Nueva York. Pero más urgente todavía es que ese mismo Consejo reaccione ante los ataques de los dirigentes del PP al juez, al que atribuyen nada menos que una animosidad prevaricadora contra el partido. Su pasividad, como la de las asociaciones judiciales, contrasta con el cierre de filas corporativo ante la sanción al juez del caso Mari Luz.

Si Garzón fuera un juez de partido (político), como dijo Rajoy, y más en concreto un juez socialista, como señaló Esperanza Aguirre con la frivolidad que le caracteriza, la deducción sería clara: no sirve a los intereses de la justicia sino a otros bastardos. ¿Cabe acaso acusación más grave a un juez en activo? Dolores de Cospedal y Aguirre han descifrado incluso las motivaciones de Garzón: causar un grave daño a la imagen del PP, según una, o hacerle todo el daño mediático posible, según la otra. La acusación de prevaricación se adivina también bajo el envoltorio pretendidamente irónico con que Aguirre declara que "si puede me hace también un traje a mí...".

Naturalmente que Garzón u otro juez le confeccionaría un vestido a medida, pero con artículos del Código Penal, de comportarse como en principio parece haberlo hecho Camps: aceptar dádivas pagadas por empresas adjudicatarias de servicios de su Administración.

Un partido de Gobierno como el PP debe ser más cuidadoso en sus críticas a un juez en ejercicio. El aviso para navegantes que manda este partido es de una enorme gravedad, porque reivindica un espacio de impunidad ante futuras iniciativas judiciales que puedan afectar a militantes suyos implicados en casos de corrupción, que a estas alturas no son precisamente escasos. Grave es también la clamorosa falta de reacción del Consejo del Poder Judicial, cuyo vicepresidente es un antiguo consejero de Camps que no dudó en visitarle y solidarizarse con él, al tiempo que se unía al PP en sus críticas a Garzón.

Editorial EL PAÍS, 11/03/2009