ETA - Menos del mínimo

La banda terrorista sigue exigiendo un precio político

por un impreciso cese de la violencia.

Menos de lo pedido por Batasuna y muchísimo menos de lo esperado por la mayoría de los ciudanos. El comunicado de ETA se aproxima más a lo de siempre, cese condicionado a una negociación política, que a lo que (con buena voluntad) podría deducirse de algunos pronunciamientos de dirigentes como Otegi. Contra lo que este había insinuado y la izquierda abertzale pedido, el alto el fuego no es incondicional y el comunicado no incluye indicios que permitan suponer que lo consideran un paso hacia el abandono definitivo de las armas.

Todo lo contrario: son los terroristas los que se consideran acreedores y exigen que se les conceda aquello por lo que han matado; mientras ello no suceda, ETA "no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático hasta alcanzar una verdadera situación democrática". Lo que llaman proceso democrático consiste en un cambio del marco político para que se admitan sus principales reivindicaciones: autodeterminación y Navarra. El comunicado queda, por tanto, por debajo de lo que el consenso entre los partidos democráticos consideraba el mínimo para tomarlo en serio como aval para la vuelta a la legalidad de Batasuna.

Esto sitúa la pelota en el campo de la izquierda abertzale. Si opta por cerrar los ojos e interpretar el comunicado como prueba de su capacidad para convencer a ETA y de su apuesta por la política, alejaría la retirada definitiva y, con ello, su propia salida; alternativamente, ganaría credibilidad si, como el PNV, renunciara públicamente a participar en una negociación tutelada por ETA y admitiera que no sería democrático que la mayoría tuviera que asumir el programa de la minoría para que ETA no volviera a matar.

Ese sería el mínimo exigible. Por razones de principio, pero también prácticas: a estas alturas, una negociación como la pretendida por ETA es imposible. Ningún Gobierno se arriesgaría a iniciar ese camino tras la experiencia acumulada, una de cuyas conclusiones es que resulta más fácil que ETA desaparezca por decisión propia que como resultado de una negociación. La banda se disolverá cuando sus jefes lleguen a la conclusión de que les conviene más que seguir; y nadie está mejor situado para convencerles de ello que Batasuna.
La sentencia del Tribunal de Estrasburgo parte de la consideración de Batasuna como "instrumento de la estrategia terrorista". Eso no significa que todos sus miembros lo sean a la vez de ETA, pero sí que ha sido la actuación de ese partido lo que ha permitido a la banda dar un sentido político al terrorismo. De ahí que para recobrar la legalidad Batasuna esté obligada no solo a condenar eventuales atentados futuros sino a renunciar a cooperar en los intentos de la jefatura etarra de rentabilizar sus asesinatos mediante la negociación.

Pero no sería realista ignorar que en Batasuna ha habido una evolución (motivada por su propio interés) que ha abierto una brecha en su relación con ETA. La banda ha tardado 10 meses en responder al primer emplazamiento en favor de una tregua creíble, lo que indica que seguramente ha habido un pulso interno sobre su alcance. Finalmente ha sido corto, pero sería absurdo lamentar que ETA se haya visto obligada a oficializar un alto el fuego. En 1996 hubo más de 1.000 actos de violencia callejera; en 2010 ha habido 74. La decadencia de ETA es demasiado visible y el principal objetivo debería ser evitar que vuelvan a encontrarle un sentido político a las bombas. La brecha abierta es el resultado de una política antiterrorista que pasa por la eficacia policial y la resistencia del Gobierno a ceder a los requerimientos para que rebajara su nivel de exigencia con vistas a la legalización. Hay motivos por tanto para felicitarse, y también para mantener esa política.

Editorial EL PAÍS, 11/01/2011