La visibilidad del señor ministro

                                                                                          Foto: Uly Martín

Alberto Ruiz-Gallardón y Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que se anunció un informe previo al anteproyecto de Código Penal.

Parece evidente que Alberto Ruiz-Gallardón es un político que necesita como pocos una presencia constante en los medios de comunicación. Y hasta ahora, especialmente en su etapa de alcalde de Madrid, lo había conseguido con grandes proyectos, como el de los túneles de M-30, la vía de circunvalación de Madrid, que requerían importantes inversiones e ingentes cantidades de dinero. No por otra cosa se ganó el apodo de Alberto Ruiz Faraón.

Ahora, conseguido su sueño de ser ministro, le ha tocado en suerte el Ministerio de Justicia, y a falta de fondos —los recortes de Rajoy nos alcanzan a todos— ha puesto en marcha una impresionante campaña publicitaria de sus actividades que le está proporcionando la visibilidad deseada, aunque a costa de un notable desgaste personal.

Acertada o equivocadamente, Gallardón tenía fama de ser el ala izquierda del PP, el “verso suelto” al decir de Esperanza Aguirre, el personaje que posibilitaba el viaje al centro del partido, que necesita el desencanto de los votantes de izquierda o ganar los votantes de centro para alcanzar la mayoría absoluta.

Y en dos patadas, o como quien dice con dos informes previos a sendos anteproyectos de ley, ha desparramado el tarro de las esencias y ha puesto en su contra a los casi 5.000 jueces españoles, por su anunciada reforma del Poder Judicial, y a la mayor parte de las mujeres por cómo ha planificado la contrarreforma de la ley del aborto.

Ahora, en la presentación tras el Consejo de Ministros de otro de esos informes previos a los anteproyectos de los que tanto gusta, ha anunciado de nuevo —ya las había explicado en julio— las líneas maestras de lo que será el nuevo Código Penal.

La medida estrella es la entronización de la cadena perpetua revisable. Un supuesto endurecimiento de la pena que es más populista que real. Porque, por si no lo saben, en España, ahora mismo, ya se puede imponer una pena de 40 años de prisión sin beneficios penitenciarios y a cumplir día a día. Se introdujo en la reforma de 2003, con Aznar como presidente del Gobierno. Y la pena que ahora propone Gallardón es la prisión permanente revisable entre los 25 y los 35 años, según el delito del que se trate. O sea, más o menos parecido pero con mucha alharaca.

Para que tengan una idea de las penas que se aplican en Europa, Anders Breivik, el neonazi que asesinó a 77 personas en Oslo y la isla de Utoya, fue condenado en Noruega a 21 años de cárcel prorrogables si las autoridades encuentran que tras pasar ese período sigue siendo peligroso para la sociedad.

Lo que parece evidente es que varios de los supuestos que ahora se contemplan están inspirados en los de los casos más llamativos de los últimos tiempos como el de Marta del Castillo, la niña Mari Luz o el más reciente de los niños Ruth y José Bretón. Alguien dirá que no es populismo, pero desde luego, tiene toda la pinta, sobre todo porque aunque las Cortes aprueben los artículos como quiere Gallardón, nunca podrán ser aplicados a los supuestos autores de esos delitos, ya que no estaban en vigor cuando los crímenes se cometieron. La Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Lo que si es una novedad es la llamada “custodia de seguridad” que es una prolongación de la pena de prisión si una vez cumplida la pena el tribunal considera que el reo sigue siendo un peligro para la sociedad. La custodia de seguridad debe fijarse en la misma sentencia donde se imponga la prisión.

No quiero extenderme mucho, pero no quería dejar de mencionar el aumento de penas para los delitos de incendios forestales, el de atentado a la autoridad, con especial incidencia para los integrantes de movimientos como el 15-M , y la de persecución de los morosos, para reforzar la protección de los acreedores.

¿Por qué será que no me sorprende que la reforma que propone el ministro Gallardón no ha endurecido la persecución de los directivos de bancos y cajas que han propiciado su quiebra y que han puesto en peligro la solvencia y la economía de un país? ¿Por qué no se ha aumentado el plazo de prescripción para tan graves delitos económicos? ¿Por qué no se ha tipificado la conducta de determinados especuladores que esquilman valores y llevan a la quiebra a empresas? Seguro que se merecían estar en este Código Penal tan deslumbrante como pomposo.

Aunque igual Gallardón incorpora estas indudables mejoras en la próxima reforma que anuncie.

Por: José Yoldi

EL PAÍS