El entramado empresarial de Urdangarin y Torres
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miércoles, 23 de julio de 2014
martes, 26 de noviembre de 2013
El nuevo Consejo General del Poder Judicial
De los siete jueces que propone el PP, solo hay una mujer, y de los cinco del PSOE hay cuatro. En el conjunto del Consejo habrá paridad. Entre los 12 de ambos partidos hay tres no adscritos a ninguna asociación y los tres propuestos por el PP: Marlaska, Rafael Fernández Valverde y Martínez Tristán. Es decir, la progresista Jueces para la Democracia será la más representada, aunque la mayoritaria en la carrera sea la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. No estará la juez que presentó más avales de sus compañeros, Rocío Pérez-Puig, pero sí la que menos, Victoria Cinto, a propuesta del PSOE.
Los propuestos por el PP son:
» Francisco Gerardo Martínez Tristán. Preside la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Madrid, donde se estudia la privatización de la sanidad. Recusado por el PSM por estar casado con una consejera de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Fue letrado del Consejo, juez desde 1988.
» Fernando Grande-Marlaska. Desde 2012 es presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No adscrito a ninguna asociación, ingresó en la carrera en 1988. Ha sido muy criticado estos días desde medios conservadores por dirigir la excarcelación de etarras afectados por la anulación de la doctrina Parot.
» Rafael Fernández Valverde. Desde 2003 es magistrado de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Ya fue vocal del Consejo entre 1996 y 2001. Ingresó en la carrera judicial en 1976.
» Wenceslao Francisco Olea Godoy. También magistrado de lo contencioso del Supremo. Ingresó en la carrera judicial en 1984 y pertenece a la APM.
» Juan Manuel Fernández Martínez. Desde 2004 es presidente del Tribunal Superior de Navarra. Ingresó en 1985 y es de la APM.
» Juan Martínez Moya. Desde 2004 es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y antes fue letrado del Consejo. De la APM, en la carrera desde 1988.
» Carmen Llombart Pérez. Juez desde 1980, es presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia. Juez desde 1980, de la APM.
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Los propuestos por el PSOE:
» Clara Martínez Careaga. Es la única propuesta por el PSOE que pertenece al Tribunal Supremo. Forma parte de la sala de lo militar, es de Jueces para la Democracia e ingresó en la carrera en 1983. Está casada con el anterior fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
» María Victoria Cinto Lapuente. Fue viceconsejera de Justicia del País Vasco en el Gobierno de Patxi López y presidenta de la Audiencia de Guipúzcoa. Es juez desde 1987. De Jueces para la Democracia.
» Roser Bach. Es juez desde 1990. Magistrada de la Audiencia de Barcelona, fue directora de la Escuela Judicial hasta septiembre. Casada con el consejero de Justicia de Cataluña y miembro de Jueces para la Democracia.
» Rafael Mozo Muelas. Desde 1998 es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. De Jueces para la Democracia, ingresó en la carrera en 1985.
» María del Mar Cabrejas Guijarro. Juez desde 1991, pertenece a Jueces para la Democracia y es titular del juzgado 55 de primera instancia de Madrid.
Del grupo de vocales no procedentes de la carrera judicial, el PP propuso a Nuria Díaz (abogada del Estado); Vicente Gularte (catedrático) y María Ángeles Carmona (secretaria judicial). El PSOE a Álvaro Cuesta y a Pilar Sepúlveda.
Izquierda Unida, que se sumó en el último momento al pacto y que no tenía representación en el Consejo saliente, propuso a la secretaria judicial Concepción Sáez.
CiU, que ya estaba en el órgano que cesa, propuso a Mercè Pigem, ahora diputada por Barcelona. También estaba ya el PNV, que ahora propone al abogado Enrique Lucas Murillo.
Será el primer Consejo en el que se aplicará la reforma que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. La primera batalla será la designación de los seis miembros de la comisión permanente que tendrán dedicación exclusiva. Gallardón rectificó en esa reforma los principios históricos del PP y su programa electoral para aceptar la designación parlamentaria de todos los vocales.
En las conversaciones y para cumplir esos cupos dejaron de incluir fiscales, por primera vez en la historia del Consejo. Y eso que tendrá que informar el futuro anteproyecto de Código Penal Procesal que dará la función de instruir a los fiscales por primera vez. La falta de peso político del actual fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha influido en esta llamativa omisión. El probable presidente, Carlos Lesmes, ejerció como fiscal entre 1984 y 1993, pero a partir de esa fecha entró en la carrera judicial.
Los socialistas aseguran que el respeto institucional les ha llevado a buscar el acuerdo, aunque tienen recurrida la ley. Les favorece que hayan entrado CiU, PNV e IU. Y fuentes de Justicia explican que el amplio consenso final supone un éxito político de Gallardón, tras haber aprobado la reforma en solitario. Sin tener que ejercer la posibilidad de renovar en el Senado solo con su mayoría.
jueves, 21 de noviembre de 2013
viernes, 29 de marzo de 2013
jueves, 28 de marzo de 2013
jueves, 17 de enero de 2013
sábado, 29 de diciembre de 2012
miércoles, 21 de noviembre de 2012
El BOE publica las polémicas nuevas tasas judiciales de Gallardón
CIVIL
Verbal y cambiario: De 90 a 150 euros
Ordinario: De 150 a 300 euros
Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal: De 50 a 100 euros
Ejecución extrajudicial. De 150 a 200 euros
Concurso necesario: De 150 a 200 euros
Apelación: De 300 a 800 euros
Casación y de Infracción procesal: De 600 a 1.200 euros
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Abreviado: De 120 a 200 euros
Ordinario: De 210 a 350 euros
Apelación: De 300 a 800 euros
Casación: de 600 a 1.200 euros
SOCIAL
Suplicación: De 0 a 500 euros
Casación: De 0 a 750 euros
* La variación se aplicará a las grandes empresas. Hasta ahora, las personas físicas estaban exentas del pago de estas tasas.
sábado, 15 de septiembre de 2012
Las claves del nuevo Código Penal
Entre las novedades, la incorporación de la prisión permanente revisable
y el cambio de la libertad condicional
El proyecto de reforma del Código Penal presentado esta mañana en el Consejo de Ministros por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trata de "dar respuestas a las nuevas formas de delincuencia". El texto introduce figuras "sobre todo para el tratamiento de los delitos más peligrosos", incorpora directrices de la Unión Europea y "soluciona deficiencias".
- Incorporación de la prisión permanente revisable: la duración indefinida de la pena de cárcel estará sujeta a la revisión que se haga después de un periodo de tiempo establecido. Gallardón ha asegurado que se determinará un número de años mínimo, que oscilará entre los 25 y los 35 años, antes de que se pueda proceder a dicha revisión y que "en ningún caso" será antes de cuando lo regula el actual Código Penal. La revisión se podrá realizar a petición del reo o de oficio, al menos cada dos años. Esta figura se aplicará en el caso de "delitos de especial gravedad", entre los que ha señalado los homicidios terroristas, los cometidos contra el rey, el príncipe heredero o jefes de Estado extranjeros, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad con homicidio o agresión sexual, y los "asesinatos agravados". Estos últimos son aquellos en los que la víctima es menor de 16 años o especialmente vulnerable, o cuando se trata de un asesinato múltiple, cometido por una organización criminal o subsiguiente a un delito contra la libertad sexual.
- Custodia de seguridad: será para aquellos que cometan delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, agresión sexual en los que no procede prisión permanente revisable porque no ha habido muerte, contra la comunidad internacional, terrorismo o tráfico de drogas, en los que se acredita que el autor tiene posibilidades de reincidir. A la vista del dictamen forense, las autoridades judiciales podrán mantener la situación privativa de libertad hasta un plazo de diez años. Se podrá poner fin a esta medida de seguridad si el tribunal estima que desaparecen las circunstancias que la motivaron.
- Revisión de la libertad condicional: si el penado reincide durante la misma, deberá cumplir toda la pena que le quedaba pendiente cuando salió de prisión. Hasta ahora, el tiempo de libertad condicional se computaba como cumplimiento de la pena.
- Asesinato: además de los ya previstos, se considerará como tal el homicidio que se cometa para facilitar la comisión de otro delito o para intentar no ser descubierto.
- Supresión de las faltas: se crea una "larga lista" de nuevos delitos leves castigados con multas y las demás pasarán a ser faltas administrativas. El ministro añade que esta modificación no significa que todas las conductas que ahora se consideran faltas queden impunes. Gallardón explica que de las 98.000 faltas presentados al año, 24.000 pasarán a ser administrativas y sancionadas por el Ministerio del Interior.
- En el delito de detención ilegal con desaparición de la persona, la pena se equiparará a la de homicidio en el caso de que no aparezca la víctima.
- Delito continuado: se suprime esta figura para los delitos sexuales, lo que permitirá que vean incrementada la pena que se les aplica. En el resto solo podrá aplicarse en caso de acciones próximas en el tiempo.
- Incendios: aumentan las penas, sobre todo cuando el fuego afecte a zonas de alto valor ecológico, y los acusados pasarán a ser juzgados por tribunales profesionales y no por jurados.
- Delitos económicos: se adecúa la insolvencia punible a los supuestos de acreedores declarados fraudulentos. En cuanto a la administración desleal y la malversación, la reforma prevé que pasen a ser delito patrimonial las conductas de abuso e infidelidad de los administradores de las empresas cuando causen un perjuicio económico. En el delito de malversación, se introduce la "administración desleal", aplicable a los funcionarios. No hace falta que el funcionario se enriquezca, según ha asegurado Gallardón
A. G. Madrid 14 SEP 2012
domingo, 8 de julio de 2012
lunes, 27 de febrero de 2012
jueves, 16 de febrero de 2012
miércoles, 18 de enero de 2012
Los jueces del juez Garzón
Tres de los magistrados que forman el tribunal fueron apartados de la causa del franquismo por falta de imparcialidad objetiva
Tras la remoción de los cinco jueces iniciales por falta de imparcialidad objetiva, el tribunal que juzga a partir de hoy a Baltasar Garzón por las escuchas a la trama Gürtel ha quedado configurado por Joaquín Giménez como presidente; Miguel Colmenero, ponente de la sentencia; y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena. En el tribunal de las escuchas Gürtel figuran tres magistrados que abrieron la causa contra Garzón por investigar el franquismo, y que tras ser recusados fueron apartados por la Sala Especial del Tribunal Supremo por falta de imparcialidad objetiva. Otros dos han instruido las otras dos causas abiertas contra él, también por supuestos delitos de prevaricación.
Joaquín Jiménez, el presidente del tribunal, es un histórico de la asociación progresista Jueces para la Democracia y un referente entre los jueces del País Vasco. Aunque estimó inicialmente la admisión de la querella contra Garzón por investigar el franquismo, se separó después de la posición monolítica de la Sala Penal ante el apoyo del juez Luciano Varela a los escritos de Falange y Manos Limpias, y criticó su actuación por entender que carecía de “apoyo legal”. Fue el único que aceptó la recusación de Garzón por considerarse “contaminado” para juzgarle en la causa por la Memoria Histórica.
Miguel Colmenero, como magistrado tendrá a su cargo la redacción de la sentencia de Garzón. Procedente de la carrera fiscal, donde llegó a presidir la conservadora Asociación de Fiscales, formó parte del tribunal que desempolvó el viejo asunto de los cursos del juez en Nueva York, archivado tres veces por el Consejo del Poder Judicial y otra más por la propia Sala Penal, y lo convirtió en la segunda causa abierta contra Garzón después de la del franquismo. Colmenero pasa por ser actualmente el jefe del sector de la derecha judicial en la Sala Penal. Si se decide por la condena, tiene la sentencia prácticamente hecha en el auto de apertura del juicio oral redactado por el instructor Alberto Jorge Barreiro.
Andrés Martínez Arrieta. De la asociación centrista Francisco de Vitoria, en principio no parece de los más proclives a condenar a Garzón. Sin embargo, en su actuación como instructor de la recusación de Varela, sostuvo el criterio contrario a Jiménez: consideró que Varela había sido “imparcial”, y dijo que aleccionar a Falange y Manos Limpias sobre cómo presentar sus escritos de acusación “reforzaba las garantías” de Garzón. Cuando acabe el juicio de las escuchas Gürtel, se sentará en el tribunal que le juzgue en la causa de la Memoria Histórica, en el que actuará como magistrado ponente
Luciano Varela, fundador de la asociación Jueces para la Democracia, colectivo que llegó a criticar abiertamente la forma en que encaró la instrucción de la causa abierta a Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Varela llegó incluso a indicar las correcciones que los abogados de Falange y Manos Limpias tenían que hacer para que él pudiera sentar en el banquillo a Garzón y dictó siete resoluciones seguidas en una misma mañana para que forzar la suspensión de funciones del juez imputado y que no pudiera a trabajar a la fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Determinados comentarios de Varela sobre Garzón, que demostrarían sus prejuicios contra el acusado, acaban de ser ignorados por sus compañeros de la Sala Penal, que han rechazado fulminantemente su recusación.
Manuel Marchena, fiscal de carrera, del sector más conservador de la Sala Penal, lleva más de dos años investigando las ganancias de Garzón y su familia. Ha hecho declarar a banqueros, empresarios y docentes para tratar de demostrar que el juez de la Audiencia Nacional archivó una querella contra el banquero Emilio Botín como supuesta contraprestación a la financiación por el banco Santander de dos cursos sobre terrorismo que Garzón impartió en Nueva York. Aunque todos los interrogados han negado que Garzón les pidiese dinero y han dicho que los patrocinios los pidió la directora de la Universidad de Nueva York, el cariz que lleva la instrucción presupone que en breve Marchena abrirá otro juicio a Garzón, esta vez por prevaricación y cohecho. Mientras, le juzgará por las escuchas Gürtel. Es el primer juez que actúa como instructor y juzgador de un imputado al mismo tiempo.
Francisco Monterde: Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y cercano al Opus Dei, desarrolló toda su carrera en Valencia hasta acceder al Consejo del Poder Judicial impulsado por su asociación, que después le apoyó para llegar al Supremo. Tenía que juzgar a Garzón por la causa de la Memoria Histórica pero le declararon contaminado por faltad e imparcialidad objetiva, lo cual no le impide juzgarle por las escuchas Gürtel. Como juez instructor del caso Gürtel contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, apenas hizo nada más que tomarles declaración.
Juan Ramón Berdugo: Del ala dura de la Asociación Profesional de la Magistratura. Al igual que Monterde, tiene un perfil de magistrado de clase media de la Sala Penal, sin ningún relieve especial más allá de su adhesión sin fisuras al bloque conservador. También contaminado para juzgar la causa sobre la Memoria Histórica, ha sido designado para juzgar a Garzón por las escuchas Gürtel.
Julio M. Lázaro Madrid
EL PAÍS
sábado, 14 de enero de 2012
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domingo, 4 de diciembre de 2011
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