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El mito de la adicción a Internet

La Red no crea patologías, canaliza problemas existentes.

EE UU lo excluye como trastorno.

Hace 15 años un psicólogo creó en broma el término.

En un día cualquiera de 1995 al psiquiatra Iván Goldberg, afincado en Nueva York, se le ocurrió gastar una broma. Había leído la cuarta edición del Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM, en inglés), la Biblia de la psiquiatría moderna, y decidió animarse con una parodia. Se inventó una enfermedad.

La llamó "desorden de adicción a Internet" (IAD, en inglés). Describió sus síntomas y lo colgó, cómo no, en su discreto portal de Internet, hoy aún disponible. Habló de ansiedad, de necesidad de conectarse horas y horas, y de movimiento involuntario de los dedos para teclear. Incluso animaba a crear un grupo de ciberadictos anónimos. Probablemente lanzó unas carcajadas antes de publicarlo.

La sorpresa llegó días después. Recibió decenas de mensajes de gente que se identificaba con el problema. Sus colegas de profesión abrieron un intenso debate. La idea se extendió. Ese mismo año, la psicóloga Kimberley Young, referente en la materia, fundó el Centro para la Recuperación de la Adicción a Internet (netaddiction.com). Los medios comenzaron a hacerse eco. La bola de nieve ya era demasiado grande para detenerla.

Quince años después, la polémica continúa, aunque desinflada. Cada vez más expertos se niegan a admitir esta patología.

"En 25 años de profesión no he conocido ni un solo paciente que la tenga. Es como hablar de adictos al teléfono, no tiene sentido", asegura José Miguel Gaona, médico psiquiatra especializado en adicciones y doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid.

El último borrador del DSM, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, vuelve a excluir la dependencia de Internet como trastorno de conducta. No hay ninguna evidencia científica.

Goldberg, el bromista, intentó aclarar el entuerto en el año 1997. "Si extendemos el concepto de adicción para incluir todo aquello que la gente hace en exceso, tendríamos que aplicarlo a leer libros, a hacer ejercicio, a hablar con la gente...", declaró a la revista The New Yorker. Pero la broma sigue viva. Desde 1996, decenas de estudios han intentado demostrar sin éxito la existencia de la adicción a Internet. El último viene de Reino Unido. Según investigadores de la Universidad de Leeds, el 1,2% de la población europea entre 16 y 51 años vive enganchada. Su droga: conectarse demasiado tiempo e ignorar otros aspectos de la vida. Aseguran, además, que muchos de ellos sufren depresión. Pero hay un problema. "No sabemos qué ocurre primero, si la gente deprimida acude a Internet o es esta la que produce depresión", se pregunta Catriona Morrison, autora principal del informe.

La bibliografía es extensa. El hospital universitario de Kaohsiung (Taiwán) reveló recientemente los resultados tras dos años de analizar el comportamiento de adolescentes: un 11% vive obsesionado con la Red. La Universidad de Augusta (EE UU) lo cifró en el 4% en EE UU y el 14% en China. En 2008, la Universidad de Stanford habló del 1%. Vaughan Bell, profesor en el Instituto de psiquiatría del Kings College de Londres, afirma que estas investigaciones se basan en encuestas mal diseñadas y muestras insuficientes. "Definen adicción en función del número de horas que pasamos online, pero no de las causas que llevan a ello. La gente es adicta a sustancias o actividades, no a un medio de comunicación. Decir que soy adicto a Internet es tan absurdo como decir que lo soy a las ondas de radio". Como él, varios psicólogos y psiquiatras se han dedicado los últimos años a desmontar mitos. Scott Caplan, profesor en la Universidad de Delaware (EE UU), lleva desde 2002 estudiando la relación entre interacción social e Internet. Sus resultados son reveladores: personas con ansiedad, depresión y dificultad para socializar tienden a usar más Internet y no al revés. Es decir, la Red no crea patologías sino que canaliza una desviación existente. ¿Cuánto tiempo es normal y excesivo delante de la pantalla? Helena Matute, catedrática de Psicología de la Universidad de Deusto, fue una de las primeras en España en publicar un artículo sobre el tema (en 2003). "Si alguien no puede dejar de entrar en Internet es como si fuera al mismo bar de la esquina todos los días. Podría ser un problema, pero no una adicción", escribió. Hoy sostiene la misma postura. "Mucha gente tiene trastornos de conducta, pero en la inmensa mayoría no se pueden achacar a la Red".

Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), el 37% de los españoles se conecta entre 10 y 30 horas semanales. El 9% lo hace más de 60 horas. Los chats y las redes sociales son las actividades más populares. Esto ha alimentado un temor: engancharse a Facebook o al Messenger puede perjudicar la socialización en persona, la de toda la vida, la saludable. Falso. Diversas investigaciones echan el argumento por tierra. La Universidad de Virginia (EE UU) publicó una en enero: adolescentes entre 13 y 14 años con una vida social offline equilibrada son más proclives a utilizar redes sociales entre los 20 y 22 años. Las consideran una extensión normal de su vida. "Hoy los adolescentes tienen una necesidad social de comunicarse. Antes se hacía en persona o por teléfono. Ahora se hace por chat. El canal ha cambiado", explica Xavier Carbonell, profesor de Psicología de la Universidad Ramón Llull (Barcelona). Sus propios estudios demuestran que no es posible hablar de adicción. Ahora analiza el impacto en la conducta de los juegos de rol online.

Aquí sí existe una reducida, pero fiable, conexión entre videojuegos violentos y cambios de conducta. Nick Yee, investigador en el Palo Alto Research Center (California), calcula que un jugador medio dedica entre 20 y 22 horas semanales a esta actividad. "Lo único seguro es que justo después de concentrarse en un juego violento, algunos adolescentes reaccionan agresivamente, pero no podemos demostrar que aumente su agresividad a largo plazo".

MANUEL ÁNGEL-MÉNDEZ 27/05/2010 EL PAÍS

Un día en Internet

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Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”

Miércoles, Diciembre 2, 2009
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Escrito a las 9:00 am

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Tienes derecho a Internet

El 'software', a juicio

El proceso a Pablo Soto sienta en el banquillo la herramienta de descargas, y no a quien la usa.

Puestos a hacer paralelismos, el debate podría remontarse a los albores de la civilización, cuando los primeros bípedos pulieron los huesos de sus presas para servirse de ellas como herramientas, pero también como armas. ¿Quién es el culpable del apuñalamiento? ¿El que empuña el puñal o el que lo forja? Este viejo sofisma, envuelto en un halo de tecnología, aún levanta polémica a propósito de las descargas de Internet. Algunos programadores han diseñado sistemas de compartir archivos mediante redes descentralizadas en las que miles de internautas son al mismo tiempo clientes y servidores, en una comuna informática anónima en la que nadie le pide cuentas a nadie de lo que sube a la Red o lo que se descarga.

· Enredados en los tribunales

- Las discográficas han perdido sus juicios contra las páginas de enlaces.

- El demandado cobra publicidad y el uso de la versión Premium
- Dans: "No se puede criminalizar al creador de una herramienta"
- La industria no puede perseguir a millones de internautas.

Bueno, nadie, exactamente, no. Porque la llamada industria cultural, integrada por discográficas, grandes estudios cinematográficos y empresas de videojuegos, estiman que esos programas vulneran la ley, al permitir que se adquieran gratis películas, música y contenidos sujetos a derechos de autor. Y como no pueden perseguir uno por uno a los millones de internautas, han puesto su dedo acusador en los creadores de esos programas, denominados gráficamente P2P (de persona a persona).

En España, las discográficas han llevado a juicio a Pablo Soto, un joven de 29 años, brillante programador autodidacta quien, pese a no haber pisado la universidad, ha sido capaz de idear programas P2P como Blubster, Manolito y Piolet, utilizados por 25 millones de usuarios, rivalizando con auténticos top como eMule o Ares. No es la primera demanda por las descargas -hay más de una veintena en marcha contra responsables de webs que facilitan enlaces- pero sí la primera contra un diseñador de software.

"La tecnología es siempre neutral, no se puede acusar a ningún desarrollador por el uso que le den luego los usuarios. Ninguna aplicación está diseñada para transmitir ningún archivo en concreto, ni con copyright ni sin copyright. No me siento cabeza de turco, pero tampoco el héroe de las descargas ilegales", decía Soto a la entrada del juicio celebrado el mes pasado en Madrid.

La Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y las multinacionales Warner, Universal, Emi y Sony le piden 13 millones de euros por el perjuicio causado al haber violado presuntamente la propiedad intelectual de su catálogo y por competencia desleal debido a que se lucraba con una ventaja competitiva sin pagar los correspondientes derechos.

El asunto tiene varios precedentes internacionales. Napster, uno de los precursores del P2P que llegó a contar con más de 25 millones de usuarios, fue cerrado en 2001 por orden de un juez estadounidense por violar los derechos de autor. Aceptó pagar 36 millones de dólares (26 millones de euros) a las discográficas. Ahora es una tienda legal con un catálogo de seis millones de canciones que se promociona como vendedor ideal de contenidos para el iPod y el iPhone.
Kazaaa tomó el relevo de Napster, pero también acabó en los juzgados. Primero un tribunal en Australia le ordenó que pusiera los medios necesarios para impedir que sus 100 millones de usuarios descargasen canciones con copyright. Luego, la compañía se doblegó ante las discográficas estadounidenses y aceptó pagarles una indemnización de 100 millones de dólares (72 millones de euros). Reconvertida en respetable, y financiada por publicidad, ahora se anuncia como la primera firma del P2P bajo la más absoluta indiferencia de los usuarios.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de MGM y otros 27 estudios cinematográficos contra Grokster, que diseñó un P2P para descargar películas. En 2005, se cerró el sitio. Aún hoy si se teclea la página web aparece un aviso amenazante: "Hay servicios legales de descargas de música y películas. Éste no es uno de ellos". Luego, te advierte de que tienen tu dirección IP (la que identifica la conexión de cada ordenador) y concluye. "No pienses que no puedes ser pillado. No eres anónimo".

No obstante, las discográficas españolas harían mal en fiarse de estos ejemplos. El derecho anglosajón de propiedad intelectual no tiene nada que ver con el español. Y prueba de ello es que han perdido casi todas las batallas en los tribunales. En España no es delito descargarse archivos (incluyendo los protegidos). Y tampoco lo es montar páginas web de enlaces a esos archivos como han dictaminado numerosos fallos judiciales (Sharemula, agujero, eliteDivX, por citar algunos casos). Únicamente tienen una sentencia a favor, la de un juzgado de La Rioja que declaró culpable este año al administrador de la web Infopsp por lucrarse facilitando enlaces para descargar archivos, y le condenó a seis meses de prisión y una indemnización. No obstante, esta sentencia se produjo por aceptación del inculpado para evitar afrontar indemnizaciones millonarias en un proceso civil, por lo que difícilmente podrá ser referente para futuros procesos, ni crear jurisprudencia.

Por eso, la industria de contenidos ha decidido abandonar la vía penal, consciente de que enviar a la prisión a alguien que facilita la labor a los más de ocho millones de internautas que se calcula que realizan descargas en España no da precisamente una buena imagen. En lugar de prisión, exigen indemnización. Y Pablo Soto es la punta de lanza de estrategia.

"No se puede criminalizar a alguien que ha creado una herramienta tecnológica. Crea una incertidumbre absoluta para todos aquellos que apuestan por la innovación. Estados Unidos intenta imponer su influencia en la legislación porque defiende su industria cultural, que es la segunda que más aporta al producto interior bruto. Mantener el status quo es beneficioso para ellos, pero, ¿lo es para España? Están intentando imponer un modelo cultural de derechos de autor que proviene del siglo XIX, y que no es válido para la economía digital del siglo XXI", apunta Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa y uno de los mayores expertos en Internet.

El juicio se presenta ya juzgado, al menos ante la opinión pública. De un lado, Soto, un programador joven que apela en su blog a "compartir el arte". Y, de otro, la todopoderosa industria discográfica, que intenta crujirle en los juzgados. "Es muy curioso que intenten presentar a Soto como una especie de ONG, y a nosotros como las discográficas diabólicas, con rabo y pincho, que intentamos ir contra ese joven emprendedor. Lo que no dicen es que Soto no es un pobrecito mileurista sino alguien que vive muy bien, que puede permitirse tener tres abogados en su defensa, y que ha ganado mucho dinero vendiendo programas cuyo fin último es descargar música protegida por derechos de autor. Soto cobra incluyendo publicidad en sus páginas. En el juicio salió que no acepta anunciantes por una cantidad menor de 10.000 dólares (7.000 euros). Y, además, también cobra por la versión Premium de sus programas", dice Emiliano Figueroa, representante legal de Sony Music.

Pablo Soto, a través de su empresa MP2P Technologies, SA, no niega que se financie con publicidad, y está al alcance de cualquier usuario que la versión Premium de sus programas, que elimina los anuncios, cuesta 19,95 dólares (14,4 euros).

El programador, que afirma que "la única forma de defender el arte es compartiéndolo", protege tanto la versión Premium como la gratuita de sus programas bajo los derechos de autor, los mismos que él denuncia por obsoletos en el caso de la música que se descargan sus usuarios.

David Bravo, uno de los tres abogados de Soto, justifica en su blog este detalle: "El software del que se habla no está desarrollado ni explotado por Pablo Soto, sino por una empresa -con su plantilla de programadores y sus accionistas- de la que Soto es administrador". A Bravo se le olvida decir que Soto es también principal accionista de MP2P Technologies, la empresa que explota sus programas.

En este punto, los argumentos empleados por Bravo coinciden con la postura de las discográficas para llevar a Soto a los tribunales. "En los últimos años han desaparecido casi todos los estudios de grabación, los músicos, los técnicos de sonido, las tiendas de música. Las descargas están acabando con miles de puestos de trabajo para que haya gente como Soto que se lucre vulnerando los derechos de autor. Se habla siempre de las discográficas como entes maléficos, pero tienen sus accionistas, sus empleados y sus familias detrás", dice Figueroa, de Sony.

Y es que pese a que unos y otros hayan convertido el debate en una cuestión metafísica, en el fondo no se sustancian los inmaculados derechos de acceso a la cultura libre de los internautas ni la recompensa al compositor o al guionista que se rompe la cabeza para crear canciones o películas. Se trata de un asunto mucho más trivial: dinero.

Todos se juegan mucho. La patronal discográfica, según sus propias cifras, ha visto cómo las ventas han caído un 30% en el primer cuatrimestre de este año, y culpa de ese desastre a las descargas. No se paran a pensar que tal vez ya nadie está dispuesto a pagar 15 euros por un CD del que sólo interesa una canción. Del otro lado, los desarrolladores de programas de software y de enlaces como Soto no son colegas que realizan un programa en un garaje y lo ponen a disposición del mundo, sino empresas, con sus accionistas y su cuenta de resultados. Nada que ver con el espíritu libertario de los programas P2P pioneros como eMule, a disposición de todos los usuarios, sin publicidad, sin administradores, sin abogados y sin pagar un euro.

"Los músicos son un colectivo que siempre han permanecido cerca de la tecnología. Sin embargo el caso de Pablo Soto es bien distinto. Se juzga a unas empresas de las que él es administrador y responsable y que han basado su modelo de negocio en la explotación de una tecnología que básicamente es una herramienta para piratear música y se alimenta de nuestras grabaciones. El propio Soto reconoció que cuando se le ocurrió crear sus programas fue cuando cerró Napster y porque 'vio una oportunidad de negocio'. A esto se le llama ánimo de lucro", señala Antonio Guisasola, presidente de Promusicae.

Muchos piensan que hay que reconducir el debate al primer párrafo de este artículo: ¿Es lícito criminalizar al creador del programa? Entre ellos está Julio Alonso, director de Weblogs, unas de las principales empresas de blogs: "Es obvio que las herramientas no son ni buenas ni malas, lo pueden ser sus usos. Un creador de herramientas idea un instrumento para resolver un problema, una necesidad. Pero, además, muchas veces las herramientas acaban resolviendo muy bien un problema para el que inicialmente no fueron concebidas. Claramente la responsabilidad en cuanto al uso es de los usuarios. Esto, salvo en los casos extremos de instrumentos de destrucción masiva y sin usos alternativos (tipo bombas nucleares), que obviamente no es el caso de Soto".

Javier Muñoz Pereira, director de iAbogado.com, un bufete especializado en derecho de propiedad intelectual, no duda en enfrentar el debate del cuchillo y la culpabilidad: "Quien distribuye un dispositivo con el objeto de promover su uso para vulnerar los derechos de autor, y fomenta deliberadamente esa vulneración (no desarrollando filtros, vendiendo espacio publicitario, más rentable cuanto mayor sea el volumen de intercambios, etcétera), debería responder de los actos resultantes de la infracción por los usuarios que utilicen el dispositivo, con independencia de que éste sirva también para usos lícitos. El argumento es del Tribunal Supremo americano en el caso Grokster y Morpheus, plataformas similares a las de Pablo Soto. Si aceptamos la metáfora del cuchillo, podemos responder que hay un reglamento de armas que prohíbe determinadas armas blancas por ser inadecuadas para sus fines o suponer un peligro objetivo para la seguridad ciudadana, y a todo el mundo le parece bien. Si el cuchillo que vendo se utiliza en el 99% de los casos para cometer asesinatos y en un 1% para pelar naranjas, y yo promuevo constante y lucrativamente el primer uso, alguna responsabilidad tendré".

Algunos de los argumentos empleados por defensa y acusación en el juicio de Soto resultarían surrealistas para cualquier usuario de P2P, incluso para el más novato. La defensa, por ejemplo, alegó que los que usan los programas de Soto pueden compartir no sólo canciones o películas sino apuntes o fotos personales. ¿Un estudiante de Edimburgo se descargaría Manolito para compartir los apuntes de historia británica con un colega anónimo de un instituto de Albacete que subiera sus apuntes de Ciudadanía? Desde las discográficas, se exigió que Soto incluyera en sus programas un sistema de filtrado que creara listas negras de sus artistas para impedir las descargas y se quejaron de que se saltaran los protocolos DRM, sistemas anticopia que protegen archivos con derechos de autor. Pero las discográficas saben perfectamente que no existe ninguna tecnología que permita discernir los archivos que están protegidos por derechos y los que no, y que son ellas las responsables de introducir DRM en los artículos que comercializan, y no un tercero como Soto.

Así las cosas, el debate ha derivado en un asunto de militancia. Ambos frentes se han dogmatizado hasta límites delirantes. Se exige estar a favor o en contra. Cualquier matiz es considerado un ataque personal y doctrinal. Miguel Ángel Uriondo, periodista especializado en tecnología y reputado bloguero, intenta aportar algo de cordura: "Por el lado de la industria cultural no entiendo nada. En lugar de crear un modelo sostenible e inteligente para su negocio, basado en la venta o alquiler de contenidos de gran calidad, ingente catálogo y a bajo precio, usando las modernas redes de telecomunicaciones existentes y compensando la caída en ingresos unitarios con el aumento por volumen, defienden a muerte un modelo de negocio caduco e irrelevante. Pero también por el lado de los internautas, donde muchas veces se tiende a mezclar el argumento legítimo con la descalificación personal o la crítica absurda".

El juicio de Soto está visto para sentencia. Sus programas son bendiciones para miles de internautas. Intuitivos, manejables, rápidos y técnicamente impecables. Y además son gratis. Pero, ¿son culpables? Que lo digan los jueces.

Enredados en los tribunales

En España, la descarga de archivos por programas P2P es completamente legal, aunque estén sujetos a derechos de autor. Ningún usuario ha sido nunca condenado por hacerlo.
- Las discográficas han denunciado a las páginas de enlace de archivos P2P pero han perdido casi todos los procesos (Sharemula, TodoTorrente, Agujero.com, etcétera). Sólo hay una condena penal firme contra la web Infopsp, por aceptación del acusado.
- El juicio contra Pablo Soto, creador de programas como Manolito o Blubster, es el primero contra un desarrollador de software en España. Las discográficas le piden 13 millones de euros. Está listo para sentencia.
- En EE UU, fueron condenados a indemnizaciones millonarias los creadores de programas como Napster, Kazaa y Grokster por violar la propiedad intelectual. Se cerraron o llegaron a un acuerdo con discográficas y estudios cinematográficos para legalizar su actividad.

Si te ha interesado esta información, te recomendamos:
· Encuesta: ¿Quién vulnera los derechos de autor en las descargas por internet?

RAMÓN MUÑOZ 17/06/2009

EL PAÍS

Soldados Superconectados

Vía Muy Interesante

Test de velocidad ADSL con gráfica de velocidad instantánea

Estrenamos la nueva versión del test de velocidad, una aplicación creada desde cero a medida de los usuarios de banda ancha. testvelocidad.eu no se limita a medir la velocidad de descarga y subida de tu conexión, sino que realiza una radiografía completa de la salud de tu línea y compara los resultados con los de otros usuarios.

Hacer un test de velocidad es la forma más rápida de probar el rendimiento de una conexión de banda ancha. La mayoría de los test de velocidad online, utilizan el motor que la empresa Ookla -creadores de speedtest.net- licencia a terceros. Nosotros hemos querido llegar más lejos, desarrollando un motor de medición propio para poder controlar con precisión todo el proceso, desde el cálculo del tamaño de los datos que descargará el usuario hasta la presentación de los resultados. Este es el nuevo test de velocidad de banda ancha, con características únicas que revelan más información sobre el rendimiento de tu conexión.

Proceso de medición de la velocidad
Al iniciarse el proceso hacemos un pequeño test de descarga previo con el que se determina el rango de velocidades en el que se mueve la conexión que se va a medir. En función de su resultado calculamos la cantidad de información que será descargada durante el test. A más velocidad, es necesario descargar más información de muestra para minimizar el margen de error.

En el inicio de una descarga se producen fluctuaciones de velocidad debido a los buffers de recepción del sistema operativo que alteran los resultados. Por eso, descartamos los primeros fragmentos recibidos. La verdadera medición se realiza una vez se estabiliza el flujo de transferencia de datos.

Gráfica de velocidad instantánea
La gráfica de velocidad instantánea muestra las fluctuaciones de velocidad que se producen durante el proceso de descarga, revelando detalles del funcionamiento de la conexión imposibles de ver en otros test de velocidad. Como si se tratase de una radiografía, su curva característica nos permite diagnosticar la salud de la conexión. Por ejemplo, una curva ascendente puede indicar que la negociación de la ventana TCP arranca con un valor demasiado bajo. Una curva decreciente apuntaría a problemas de rendimiento del ordenador que realiza el test -procesa la información más lento de la que la recibe-. Varios picos invertidos también son síntoma de un ordenador lento o de aplicaciones en segundo plano consumiendo ancho de banda -si nos pasa esto es preferible rehacer el test-. Otro efecto curioso es que en la gráfica queda reflejado la naturaleza de la tecnología sobre la que funciona la conexión. Por ejemplo, una conexión móvil HSDPA nos dibujará montañas y valles y no una línea recta horizontal, lo cual es lógico ya que los accesos móviles están diseñados para funcionar a ráfagas y no transfieren de forma sostenida.A diferencia de otros test, no se compensa al alza la perdida de velocidad debida a los encabezados ATM, si no que se muestra la velocidad real a nivel IP.

Finalmente nos permitirá elegir la modalidad de ADSL que tenemos contratada y junto con nuestro código postal comparará gráficamente los resultados obtenidos con los de otros usuarios. También genera una imagen jpg con los resultados del test que puede utilizarse para compartir los resultados en foros o firmas de usuario. Si estás registrado en BA mostrará además tu nick de usuario.

testvelocidad.eu
Tener a mano el test de velocidad es más sencillo que nunca. Para ello solo debes introducir la URL testvelocidad.eu en tu navegador, sin necesidad de entrar antes a bandaancha.eu.

Otras herramientas
Si no te conformas solo con saber la velocidad, Line Benchmarck (Windows) analiza otros parámetros como la latencia para otorgar una puntuación a tu conexión. BASpeed (Windows) también incluye entre sus muchas utilidades un test de descarga directa multihilo (varias descargas en paralelo) y puedes seleccionar servidores de varios ISP.

Por BANDAANCHA.EU

Google te dice dónde están tus amigos en cada momento

La nueva aplicación para móviles Latitude permite situar

con una autorización previa a tus contactos en el mapa.

"¿Dónde estás?", es una de las preguntas más habituales que se repiten diariamente a través del móvil y que ha inspirado la creación de Latitude, una nueva aplicación que permite saber dónde se encuentran tus amigos situándolos en un mapa de Google Maps. La verdad es que Latitude asusta, suena a Gran Hermano, pero Google quiere dejar claro que el usuario mantiene un control completo de su privacidad, permite activar y desactivar la aplicación en cualquier momento, y que sólo da acceso a la ubicación de quien ha aceptado ser localizado previamente.

Latitude no indica una posición exacta pero sí permite saber aproximadamente dónde están tus contactos en un momento determinado. El objetivo es poder encontrar amigos en grandes aglomeraciones o ayudarles cuando no encuentran determinada dirección, así como propiciar citas espontáneas. "Veo que está cerca de mi oficina, ¿quedamos a comer?", por ejemplo. Para usar esta aplicación hay que conectarse a google.es/latitude y descargarse la última versión de GoogleMaps para móviles.

A continuación se envían invitaciones a los contactos de la agenda que deben aceptar la solicitud. En cada momento, el usuario puede mostrar u ocultar la información a su red de contactos. Además, el sistema sólo almacena la última ubicación vinculada. En el momento que se desactiva Latitude, todo rastro desaparece completamente, según explica la compañía en su nota de prensa.

Una vez activado, el sistema permite situar los contactos en el mapa o en una lista y da la opción de contactarlo pinchado directamente en el icono bien a través de mensaje de texto, un correo electrónico o con una llamada.

Google Latitude funciona por el momento con la mayoría de los BlackBerry en color, dispositivos con Windows Mobile 5.0 o superior, buena parte de los Symbian S60 (Nokia), y en los móviles Sony Ericsson con tecnología Java 2 Micro Edition (J2ME). Esta aplicación pronto estará disponible en iGoogle y en dispositivos con el sistema operativo Android.

LUZ FERNÁNDEZ - Madrid - 04/02/2009

EL PAÍS