Vuelve la pesadilla

Nueva Rumasa, al borde de la quiebra, seguía

las mismas prácticas dañinas de la vieja.

Veintiocho años después de la expropiación de Rumasa, José María Ruiz-Mateos amenaza con provocar otra grave crisis empresarial, llevándose por delante el dinero de los inversores que cándidamente suscribieron sus pagarés de empresa de Nueva Rumasa (más de 5.000) y unos 10.000 empleos repartidos por sus 117 empresas, gestionadas todas ellas desde una caja única. Ruiz-Mateos ha repetido en Nueva Rumasa las mañas de la vieja: pagarés sin solvencia, trasvase alocado de fondos desde unas empresas a otras y el truco clásico de las emisiones de capital que se utilizan para pagar préstamos o emisiones anteriores. Resultado: 10 de las mayores empresas del grupo están en presuspensión de pagos, los suscriptores de pagarés al 8% corren el riesgo de perder su dinero, los empleados denuncian el impago de las nóminas para convertirse en acreedores y el patriarca Ruiz-Mateos ha vuelto a las bufonadas ofensivas, siempre presto a culpar de todo a otros (a la banca y al Gobierno, naturalmente).

• Ruiz-Mateos acumula una deuda de 45 millones con la Seguridad Social

Del nuevo desastre de Ruiz-Mateos se deducen algunos hechos incontrovertibles. Los potenciales inversores en los pagarés de Nueva Rumasa fueron repetidamente advertidos (hasta siete veces) por la CNMV del riesgo que corrían. Los precedentes de la vieja Rumasa eran motivo de alarma suficiente para no comprometer los ahorros en los castillos de naipes del empresario jerezano.

Falta por averiguar cuál es el riesgo de bancos y cajas con Nueva Rumasa. Convendría saber además qué tipo de cualificación crediticia se adjudicó a las aventuras empresariales del empresario jerezano. Sería irónico que mientras empresas pequeñas, pero solventes, no consiguen un crédito de 50.000 euros para sobrevivir, la tramoya empresarial de Ruiz-Mateos hubiese contado con financiación preferente.

La expropiación de Rumasa en 1983 resumió el deseo político de librar al sistema económico de prácticas dañinas para los accionistas y los ahorradores. La Nueva Rumasa es una prueba más (recuérdese el caso Afinsa) de que aquellas prácticas no han sido extirpadas. Para extinguirlas quizá sea necesario crear una agencia que defienda al consumidor de servicios financieros. Pero lo imprescindible es que los inversores no coloquen su dinero en inversiones no verificadas por la CNMV. Ese es el primer paso, todavía no superado, de la alfabetización financiera.

Editorial EL PAÍS, 19/02/2011