Candidato Camps

La autoproclamación del valenciano representa una

bofetada al PP y a la calidad democrática.

Dos días después de que el fiscal pidiera sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, este se ha apresurado a autoproclamarse candidato para los próximos comicios autonómicos. El suyo no es solo un desafío a la dirección nacional del PP, que debe ahora ratificar su designación. Es también una actitud retadora hacia la acción de la justicia, a la que ha intentado oponerse hasta la fecha con todo tipo de artimañas para salir indemne del delito que se le acusa.

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Lenta pero inexorablemente, sin embargo, la justicia ha ido cercando al político valenciano, que no se limitó a aceptar de regalo "cuatro corbatas" como dice Esteban González Pons, ahora secretario de Comunicación del partido y antes estrecho colaborador del president en la Generalitat. La fiscalía pide para Camps una multa de 41.250 euros por aceptar regalos por valor de 14.021 euros de varias empresas de la trama Gürtel, con la que su administración contrataba. Además, el Tribunal Superior de Valencia ha encontrado indicios de financiación irregular del partido, lo que sigue investigando.

La estrategia de Rajoy de dejar pudrir los problemas para que estos caigan por su propio peso, como hizo, por ejemplo, con el extesorero Bárcenas, no ha funcionado con Camps. Aferrado al poder y a las buenas expectativas electorales de su partido en la Comunidad Valenciana, su actitud ha causado malestar en la dirección nacional del PP. Esta, sin embargo, parece dispuesta a ratificarle a regañadientes, con tal de evitar la confrontación con un político al que quizá haya que pagar los servicios prestados.

El resultado es un espectáculo grotesco por partida doble. El PP, que tiene fundadas aspiraciones en ganar las próximas elecciones locales y autonómicas y en descabalgar a Zapatero, puede ser percibido más que nunca como el partido de la corrupción, incapaz de prescindir de las manzanas podridas y, por tanto, connivente con ellas. El caso Gürtel le salpicará antes o después a Mariano Rajoy si apoya la candidatura de Camps, cuya autoridad moral al frente del Gobierno valenciano quedará aún más erosionada el día que se siente en el banquillo.

Pero lo peor es la degradación de la vida política a la que está llevando la estrategia del PP. Cegado por el mero cálculo electoral, el desprecio que sus dirigentes muestran por las instituciones democráticas y, muy especialmente, por la justicia cuando su acción no les complace, es más que preocupante. Flaco favor le está haciendo a este país el partido que se alzó con la victoria en 1996 abanderando la lucha contra la corrupción.

Los populares no son los únicos que utilizan una doble vara de medir. También los socialistas muestran una preocupante tendencia a cerrar filas en torno a los suyos cuando tienen problemas con la ley. Pero el nivel de desafío del PP amenaza como ninguno con hipotecar la salud democrática española por muchos años.

Editorial EL PAÍS, 16/02/2011