Otro tiro errado

El PP vuelve a sembrar dudas gratuitas sobre la actuación

judicial y policial contra la corrupción.

Un problema del PP es que elige mal los temas con los que hacer oposición. En los últimos días, como si quisiera sacudirse la imagen de división e inseguridad transmitida por su crisis interna madrileña, ha elevado la voz para oponerse a la reforma destinada a suprimir el privilegio fiscal de los futbolistas extranjeros y para arremeter contra el Gobierno por su gestión del secuestro de los pescadores del Alakrana. Y ha culminado la semana denunciando como inconstitucionales las escuchas telefónicas que realiza la policía por orden judicial y que han servido, entre otras cosas, para destapar escándalos de corrupción a gran escala como los de Santa Coloma o Mallorca; o el del caso Gürtel.

¿No tendrá algo que ver la denuncia con este caso? En agosto, con mucho Gürtel ya en candelero, Dolores de Cospedal acusaba al Gobierno de ordenar escuchas ilegales de dirigentes de su partido, de perseguir a éste más que a ETA y de estar instaurando un Estado policial. Se le indicó que si tenía alguna prueba de acusaciones tan graves, presentara una denuncia. Poco después, la portavoz parlamentaria, Sáenz de Santamaría, anunciaba que ya tenía casi acabado un informe que probaba la persecución de su partido. No hubo denuncia ni hubo informe.

Ahora, en otro momento en que coinciden sondeos electorales favorables y mala imagen del partido, sus portavoces vuelven por la misma senda, con la novedad de denunciar que el sistema de interceptación de comunicaciones conocido por las siglas Sitel, que utiliza la policía, carece de cobertura legal, por lo que los sumarios instruidos con base a esas escuchas podrían ser anulados por los tribunales.

Ese sistema se caracteriza por su eficacia: no sólo permite grabar conversaciones telefónicas, sino identificar el lugar en el que ha sido utilizado el móvil, lo que sirve, por ejemplo, para destruir coartadas de delincuentes que niegan haber estado en el escenario del delito. Pero para efectuar escuchas con Sitel es necesaria una orden judicial, igual que con cualquier otro sistema y, como han recordado ahora asociaciones de jueces y fiscales, ello se hace con la debida "proporción y mesura", dado que afecta a derechos.

Es cierto que las nuevas tecnologías permiten hoy cosas impensables hace poco, tanto a los delincuentes, para burlar la ley, como a la policía y la justicia, para evitarlo. El PP sostiene que Sitel es ilegal mientras no se regule su utilización mediante ley orgánica. Pero ya hubo una denuncia de la Asociación de Internautas, que sostenía lo mismo, y fue archivada por el Supremo, cuya Sala de lo Penal avaló también la utilización de Sitel en una sentencia sobre drogas. Una cosa es extremar las garantías de recta utilización de las posibilidades tecnológicas, lo que corresponde a los jueces; y otra muy distinta sembrar dudas sobre la actuación policial y judicial por el hecho de que el sistema tecnológico para destapar la corrupción sea más eficaz. Esto último es lo que hace el PP cuando se siente acosado por sus escándalos.

Editorial EL PAÍS, 07/11/2009