Chantaje pirata

El apoyo al Gobierno es más necesario que nunca para resolver el secuestro del 'Alakrana'.

Los piratas que mantienen secuestrado al atunero español Alakrana desde hace un mes siguen adelante con sus amenazas: a primera hora de ayer desembarcaron a tres tripulantes con el propósito de entregarlos a las familias de sus dos cómplices detenidos por orden de la Audiencia Nacional. Más tarde, amenazaron directamente con matarlos.

Los piratas utilizaron a los rehenes para hacerles transmitir a través de comunicaciones con sus familiares las amenazas (aderezadas con disparos al aire y estallido de granadas) con que tratan de forzar la voluntad del Gobierno español. La siniestra estrategia de los piratas consiste en atemorizar a las familias para que éstas, a su vez, debiliten la posición del Gobierno español a la hora de intentar cualquier salida. Y el uso de la fuerza, por su parte, sólo puede concebirse como la última de las opciones, por el altísimo riesgo que entraña para la vida de los marineros.

Ante esta difícil encrucijada, en la que la vida de no pocas personas está en juego a consecuencia del repugnante chantaje perpetrado por los corsarios somalíes, el Partido Popular ha decidido jugar la más indigna de todas las bazas: acusar al Gobierno de errores imprecisos, buscando capitalizar políticamente la legítima preocupación de las familias de los marineros en España. Ni sus sentimientos deberían ser usados como un potencial ariete político en favor o en contra de nadie, ni el PP puede escamotear la información o la estrategia de que disponga -si es que dispone de alguna- para afirmar con tanta rotundidad que el Gobierno se equivoca.

El caso del Alakrana no es uno más entre los numerosos secuestros que siguen sin resolverse en aguas somalíes. El motivo es que, atendiendo a un auto del juez Garzón, el Gobierno tuvo que traer a España a los dos piratas apresados, limitando de manera drástica su margen de maniobra frente a los secuestradores. Lo que éstos proponen al exigir la liberación de sus dos cómplices es, sencillamente, violentar el Estado de derecho, por la vía de exonerar a dos inculpados del proceso penal en el que están inmersos; y eso ningún Gobierno estaría en condiciones de hacerlo. Cuando se llegue al final de este episodio, la Audiencia Nacional tendría que explicar, en cualquier caso, por qué se declaró incompetente para juzgar el delito de piratería hace unos meses y ahora, en cambio, reclamó que se pusieran a su disposición a los dos piratas.

Que la situación de los secuestrados se haya vuelto más dramática no justifica, sino todo lo contrario, que se siga ofreciendo el respaldo al Gobierno para que siga buscando una salida que permita liberar a los marineros. El intento de hacer balance crítico o de cobrar réditos políticos antes de tiempo, cuando aún los 36 marineros están a merced de los secuestradores, no sólo arroja dudas sobre la responsabilidad de la oposición, sino que contribuye a incrementar la presión que los piratas ejercen sobre el Gobierno español a través de un inaceptable chantaje.

Editorial EL PAÍS, 06/11/2009