La policía halla en una caja secreta de la 'red Gürtel' otro 'agujero negro' del PP

Cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa y su esposa,

y Pedro Antonio Martín y Álvaro Pérez, en la boda de Ana Aznar.

Nuevos documentos apuntan a la financiación ilegal en la época de Aznar - Es "un sistema de doble facturación con fondos ajenos al circuito financiero"

La Brigada policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel, y que ha destapado la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en un informe que se niega a investigar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, también sostiene que existen múltiples indicios de financiación ilegal de este partido a nivel nacional entre 1996 y 1999 a través de las empresas de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa. El sistema utilizado, de doble facturación, es similar al destapado en la Comunidad Valenciana, con la salvedad de que en esta ocasión la policía no ha encontrado constructoras que sufragaran gastos correspondientes al Partido Popular

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El sistema usado es similar al destapado en la Comunidad Valenciana
Las pruebas fueron halladas en una caja de seguridad de Pablo Crespo

En febrero pasado, la policía inició su investigación a raíz del hallazgo de documentos comprometedores sobre prácticas ilegales en una caja de seguridad que el ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, guardaba en una sucursal bancaria de Pontevedra.

Esos documentos apuntaban, y así lo explicaba la policía en su primer informe, a una supuesta operación de emisión de facturas falsas por parte de la red empresarial que dirigía Correa para justificar gastos electorales del partido de Mariano Rajoy, entonces presidido por José María Aznar, que rondaban los 600.000 euros.

En la caja de seguridad número 5 de una sucursal bancaria de Pontevedra, a nombre de Pablo Crespo, se conservaba la contabilidad de la empresa en relación a los servicios prestados al PP entre 1996 y 1999. En ese periodo, la red de Correa facturó más de seis millones de euros (1.027 millones de pesetas al PP).

En otros dos documentos localizados dentro de la misma caja de seguridad se hacía el siguiente reparto de esos ingresos:
-"Hoja número 1: resumen en B por importe de 536 millones de pesetas".
-"Hoja número 2: relación de entregas con recibo en B de 439 millones de pesetas".
-"Hoja número 3: recibos".
-"Hoja número 4: relación de entregas sin recibo".

En un primer momento, los investigadores sospecharon de la financiación ilegal y siguieron investigando. Como consecuencia del hallazgo de nuevos documentos, confirmaron sus sospechas, y así lo escribieron en el informe que le remitieron el pasado 31 de julio de 2009 al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia:

Sistema de doble facturación. "La forma de facturar los gastos generados por el PP es un sistema de doble facturación, una parte se factura en a (cantidades entregadas al representante legal) y otras en b (sin factura y sin reflejo en contabilidad formal), ajena a los circuitos financieros reales con lo que se intenta impedir el acceso a la misma"

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La mitad, en negro. "47,68% de los actos del PP se financiaron con fondos de la misma formación, y otra parte, 52% de los gastos se pagó en efectivo, con notas de recibí sin factura y otros sin nota. No existen facturas formales de dichos gastos y en el mejor de los casos hay notas de recibí. Se desconoce el conjunto de los recursos con los que la formación política ha hecho frente a ese conjunto de gastos".

Recursos ajenos a los circuitos financieros. "Los fondos destinados al pago generado por esa formación política proceden de recursos ajenos a los circuitos financieros, que pueden proceder de terceros que financian los actos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos".

Para justificar las cantidades sobre las que no había factura, la red corrupta intentó emitir documentos falsos a través de algunas de sus empresas, como Special Events o FCS. Sin embargo, con esas prácticas no llegaron a cubrir el agujero que carecía de justificación documental.

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J. M. ROMERO - Madrid - 28/09/2009
EL PAÍS.