Decisiones y desafíos

El Gobierno no debe limitar la reforma laboral a meros retoques por temor a los sindicatos.

En un rapto de decisión, Rodríguez Zapatero informó ayer de que, con acuerdo o sin él, el Gobierno aprobará una reforma laboral en el Consejo de Ministros del 16 de junio. El presidente ha mejorado de pronto en reflejos políticos; los imprecisos y voluntariosos anuncios que el martes hicieron sus ministros sobre una prórroga "de varios días" de la negociación con los agentes sociales fueron recibidos con insistentes críticas sobre lo que se consideraba otro retraso en una reforma decisiva y con el temor de que volviera a repetirse el caso de decisiones relevantes que se empantanan en cuestiones de procedimiento o negociaciones frustradas. La rápida réplica de Zapatero hace suponer que no será este el caso. El mensaje incluye un compromiso cargado políticamente de razón (empresarios y sindicatos no se ponen de acuerdo) y la advertencia implícita de que la paz social ya no está por encima de otros objetivos, hoy prioritarios, de crear empleo y estimular el crecimiento.

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Bastaría con que esa reforma introdujera dos cambios cruciales en la normativa laboral para conseguir una mejora sustantiva en el mercado de trabajo. La primera sería formalizar un contrato único y fijo para quien acceda al empleo, con una indemnización por despido en función del tiempo trabajado, entre un mínimo en torno a los 12 días y un máximo de algo más de 30 días. El quid de esta cuestión, delicada para los sindicatos, es privilegiar el nuevo contrato frente a los temporales, que tenderían a desaparecer con el tiempo. La estabilidad contractual es decisiva para asentar el crecimiento. El consumo de bienes duraderos se expandirá si los consumidores tienen confianza en sus ingresos. No se puede repetir el error de fundamentar el crecimiento en empleo precario.

Acercar la negociación colectiva a las empresas es la segunda decisión. La negociación a través de convenios sectoriales o territoriales causa un gran número de despidos porque las empresas no pueden cumplir con las exigencias salariales y carecen de cláusulas de descuelgue. El Gobierno se equivoca si limita su reforma a retoques menores en la contratación o estímulos parciales. Para afrontar una crisis que ha destruido 2,2 millones de empleos en dos años es obligado impulsar un empleo más estable y una negociación más flexible.

Este es el momento adecuado para aprobarla. El número de parados registrados en los servicios de empleo descendió en mayo, por segundo mes consecutivo, en 76.223 personas y la afiliación creció casi en 113.000 cotizantes. Aunque en términos desestacionalizados el paro sigue subiendo, una lectura estadística correcta indica que la tendencia del empleo tiende a normalizarse (en el cuarto trimestre de 2009 estaba cayendo a un ritmo del 6%, en el primer trimestre descendió a tasas del 3% y la proyección para el tercer trimestre dice que bajará menos del 2%) y que entre abril y junio la economía española crecerá débilmente, entre el 0,1% y el 0,2%. No es motivo de euforia, pero parece el momento de aplicar incentivos a la contratación.

Editorial de EL PAÍS, 03/06/2010